Frontera Energy del Lote 192 condiciona acceso de comunidades indígenas con Covid-19 a Planta de Oxígeno, a cambio de reiniciar sus actividades
Lo hizo ante el pedido de comunidades indígenas de la zona las cuales presentan grandes índices de contagios de Covid-19 y aparición de primeros casos graves.
La empresa petrolera sentó su posición en una reunión el 26 de junio, con presencia de las federaciones FEDIQUEP y FECONACOR, las comunidades de Porvenir, Nuevo Andoas y Jardines, así como Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Frontera Energy fue explícita al exigir que las comunidades del lote entreguen actas con nombres y firmas acordando garantizar operaciones sin restricciones ni bloqueos; que el Estado garantice las operaciones y que se garantice el funcionamiento continuo del Oleoducto Norperuano.
En la reunión, los representantes de Perupetro y MINEM solo se pronunciaron para alinearse con la empresa.
La posición asumida por la empresa y las instituciones públicas generan un escenario que atenta contra los derechos fundamentales de la población.
Desde inicios junio, autoridades comunales sobre cuyos territorios se asienta el lote acordaron solicitar la activación de la planta de oxígeno al Estado, esto ante la inminente llegada de la pandemia.
Los acuerdos fueron transmitidos a las autoridades públicas hasta en dos ocasiones mediante actas suscritas por los propios representantes de las comunidades.
Aprovechando de forma perversa el escenario de la pandemia y el alto riesgo a la salud, jugando además con la vida de la población, Frontera Energy pretende utilizar la Planta de Oxígeno del lote para imponer control frente al descontento de las comunidades por los conflictos que genera en la zona, ya sea por derrames de petróleo o incumplimientos de convenios.
Cabe precisar que recientemente las comunidades indígenas han denunciado que en el Lote 192 han ocurrido seis derrames de petróleo de Frontera Energy que permanecen sin remediar desde febrero.
Las comunidades exigen además remediación ambiental sobre estas áreas, sin embargo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no responde los mecanismo por los cuales se operará la remediación.
En una carta al Defensor del Pueblo, las federaciones señalan que consideran el hecho “un atentado contra nuestras vidas y la vida nuestros hijos, hijas, madres, abuelos y abuelas”.
“Exigimos que el Defensor del Pueblo medie en este crimen perpetrado contra nosotras y nosotros y se pronuncie con severidad contra un Estado que evidentemente quiere desaparecer a los pueblos indígenas y beneficiar a las grandes empresas que destruyen y atentan contra nuestros derechos a la salud, al ambiente y LA VIDA”, señala la carta.
