Morir a manos de policías y militares ya es legal en el Ecuador.
El documento especifica cinco tipos de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza, cuyo único fin es disuadir plantones, marchas o manifestaciones que afecten la seguridad del país.
Una de las resoluciones del acuerdo señala que los cuerpos de control podrán causar dolor e infligir lesiones a quienes se nieguen a acatar sus disposiciones.
Es decir que si un manifestante se enfrenta a los policías y militares podrá ser sometido con gases lacrimógenos y armas no letales.
Esta represión podrá llega a niveles atroces si una persona porta armas letales, punzocortantes o contundentes.
En tal caso las Fuerzas Armadas tienen la potestad de dispar a matar a la ciudadanía.
Los abusos y violaciones de derechos humanos no son ajenos para el pueblo ecuatoriano.
La diferencia es que ahora escenas como las de octubre de 2019 cuentan con un amparo legal.
Es necesario mencionar que dicho mandato se da durante una crisis sanitaria, económica y social que ha afectado mayoritariamente a las clases más empobrecidas, precarizadas y marginadas del país.
