(Mapuexpress).- A continuación, compartimos artículo de Silvia Beatriz Adoue en el Lemonde Diplômatique de Brasil
sobre la articulación anti-mapuche entre el Estado chileno y el Estado
argentino. El escándalo sobre el montaje de la operación Huracán casi no
se conoce en Argentina, pero los supuestos mensajes forjados han sido
utilizados por el ministerio de seguridad de Argentina para justificar
la escalada antimapu y la articulación represiva con Chile.
Nueva “operación cóndor”, ahora contra los Mapuche
Por Silvia Beatriz Adoue
Las dictaduras del Cono Sur precisaron
justificas las políticas represivas por la invención de un enemigo
interno. Para coordinar la represión en la región, organizaron la
“Operación Cóndor”. Los gobiernos civiles de Chile y Argentina también
quieren justificar la militarización presentando un nuevo enemigo: los
Mapuche. La escalada represiva es hoy una providencia para desarticular
preventivamente la resistencia a la integración de nuestra región a las
candenas productivo/extractivas, que pretenden controlar el uso de la
tierra. En el caso del territorio del Wallmapu, la tierra ancestral a
ambos lados de la cordillera de los Andes, las grandes operadorras del
sector forestal y de la mineración encuentran en los Mapuche una barrera
material e ideológica para la utilización de los recursos.
Por otro lado, la militarización de la
región es laboratorio y funciona también como amenaza para los
argentinos y chilenos que por ventura se opongan al nuevo marco
regulatorio ambiental y de las relaciones de trabajo. Las grandes
cadenas del agronegocio y de la mineración precisan esas reformas para
operar con velocidad, fluidez y sin riesgos. Ese es el marco de la
aritculación entre los Estados chileno y argentino.
El gobierno argentino defiende un
“cambio de doctrina” represiva de manera espectaculosa, liberando las
fuerzas policiales de los límites de la ley. Dos semanas atrás, el
presidente Mauricio Macri recibió en el palacio de gobierno a un policía
que está siendo investigado por haber matado por la espalda a un ladrón
en fuga. Los policías están siendo oficialmente estimulados a esas
prácticas. De los 1.064 represores de la dicatadura condenados por
delitos de lesa humanidad, 533 fueron beneficiados con prisión
domiciliaria. Por el ablandamiento de las penas, se señaliza a los
represores de hoy que el Estado no se olvida de “los servicios
prestados” a la defensa del orden, más allá de la ley. Por esos gestos,
el Estado argentino se está aproximando a las políticas represivas del
Estado chileno, modelo a ser seguido para adecuarse a las “nuevas
exigenias” mundiales.
El ensayo de articulación represiva
entre los dos gobiernos tiene como base el combate a las “nuevas
amenazas” regionales. El peligro presentado por el relato oficial
chileno es el de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el cuco
argentino es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Si la primera tiene
presencia en la organización comunitaria en el centro sur de Chile, la
segunda es una sigla de escasa y fantasmagórica aparición. Desde la
década de 1990, las comunidades Mapuche al oeste de la cordillera de los
Andes han resistido al avance de las grandes transnacionales de la
cadena de la celulosa, de la mineración y del sector salmonero, así como
a las obras de infraestructura que destruyen el territorio para atender
los intereses de esas empresas. Ellos vienen recuperando tierras,
defendiendo sus biomas nativos y practicando una economía que reproduce
la abundancia. En la Patagonia argentina, los Mapuche vienen resistiendo
al avance del extractivismo petrolero, mineral y forestal.
Las sucesivas prisiones del joven longko
Facundo Jones Huala han sido ocasión para la coordinación entre los
Estados chileno y argentino. Miembro del Pu Lof de Resistencia Cushamen,
Jones Huala había sido imputado en Chile, em 2013, junto a otros cinco
líderes Mapuche que combatían contra la construcción de una
hidroeléctrica, bajo la ley antiterrorista. Él pasó en 2014 para
Argentina y no llegó a ser juzgado junto a los otros cinco, de los
cuales cuatro fueron absueltos y una joven machi fue condenada a
sólo 61 días de prisión “por encubrimiento”, sin que se sepa hasta hoy a
quién habría encubierto. El Estado chileno emitió un pedido de
extradicción de Jones Huala para el Estado argentino. Él fue detenido en
mayo de 2016 y el juicio fue declarado nulo por haberse basado en
procedimientos ilegales.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, y
unos escasos minutos después de un encuentro diplomático entre el
presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle
Bachelet, una vez más el longko fue preso. Los cargos que se le imputaron eran los mismos por los cuales ya había sido juzgado y absuelto el año anterior.
En agosto de 2017, y después de una
manifestación junto al Pu Lof de Resistencia Cushamen por la libertad de
Jones Huala, la Gendarmería argentina ingresó al área de la comunidad
sin orden judicial. El gobierno quería hacer un test con la figura legal
de la “flagrancia”, cuyo mentor es el jefe de gabinete del Ministerio
de Seguridad Pablo Noceti, presente en la región y seguramente
supervisando el test. El delito “flagrado” consistía en una decena de
personas defendiéndose con palos y hondas de revoleo. El ingreso y
persecusión dentro del territorio resultó en la desaparición del joven
Santiago Maldonado, acorralado por los gendarmes en las poco profundas
aguas del río Chubut. A los 77 días, el cadáver de Maldonado fue
encontrado a 500 m de ese lugar, río arriba, donde ya había sido buscado
sin éxito.
El otro pivot de la articulación entre
los dos Estados fue la “Operación Huracán” que resultó en allanamientos
simultáneos en varios municipios para detener ocho líderes Mapuche,
entre los cuales el vocero de la CAM Héctor Llaitul. La investigación a
cargo de los Carabineros presentó un informe con mesajes de celulares
que comprometían a los ocho Mapuche en la preparación de quema de
camiones de las empresas forestales, con financiamiento extranjero y
receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e
incautación de los celulares ocurrió en setiembre de 2017 y,
supuestamente, la interceptación previa mensajes fue realizada por el
sofware “Antorcha”, creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que
trabaja para Carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el
subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de
Seguridad de Argentina para coordinar el combate a la violencia Mapuche.
Por su parte, la ministra argentina convocó a los gobernadores de las
provincias de la Patagonia para aritcular una acción represiva conjunta
contra la RAM.
Sólo que en diciembre, en medio de un
peloteo de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros,
la primera puso bajo sospecha las pruebas presentadas por los segundos.
Después de tres pericias, se descubrió que los mensajes fueron
implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un
montaje. Las conversaciones entre los Mapuche, todas en castellano,
seguían la dramaturgia trazada por Carabineros. La gira del papa, que
pretendía la “reconciliación”, pasó lejos de denunciar estos desmanes.
Los Mapuche, ya declarados inocentes, iniciaron un proceso judicial
contra siete funcionarios de Carabineros por obstruir la investigación,
falsificar instrumentos públicos y delitos informáticos. Héctor Llaitul
apunta como responsables de la “Operación Huracán” al subsecretario del
Interior Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Los montajes teatrales del “enemigo
mapuche” se suceden con la ayuda de los medios de comunicación
comprometidos en el esfuerzo dramatúrgico. Interesa la producción de
capítulos de alta intensidad dramática y no si la máscara cae al final
de cada episodio.