(Adital).- En el Bajo Aguán, departamento de Colón, Honduras, región marcada por la
lucha por tierras, la impunidad y el poder de los grandes propietarios
continúan cobrándose la vida de campesinos y campesinas de la región. Desde el
viernes hasta hoy, tres campesinos sufrieron un atentado y un abogado
comprometido en la lucha por tierras fue asesinado.
El domingo (23), Dimas Córdova, José David Menjivar y Juan Ángel Zelaya
fueron atacados por guardias de seguridad del propietario de tierras Miguel
Facussé. Los tres son funcionarios de la Empresa 4 de Marzo (propiedad Marañones) y pasaban
con un automóvil por la propiedad Laureles para volver a su casa cuando fueron
sorprendidos por tiros de armas de fuego. Todos fueron alcanzados por los disparos
y levados al hospital San Isidro de Tocoa.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) pide a los organismos
nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y también al
pueblo hondureño que vayan al Bajo Aguán para conocer de cerca la situación y
ayudar a velar por la vida de los campesinos y campesinas. El Muca asegura que
los responsables por estos y otros atentados son el Poder Legislativo, el
Judicial, el Ejecutivo y los propietarios Miguel Facussé, René Morales y
Reinaldo Canales.
El día anterior ya había estado marcado por la violencia en la región. En
la noche del sábado, Antonio Trejo Cabrera, abogado de los/las campesinos/as y
responsable legal del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán
(Marca) fue asesinado a tiros de arma de fuego.
Antonio había sido amenazado de muerte por su trabajo en defensa de los menos
acomodados y por haber denunciado, en varias ocasiones, la complicidad entre
propietarios de tierras, productores de palmera africana y el Poder Judicial
para impedir la recuperación de tierras por parte de las familias campesinas
del Aguán.
El abogado ahora entra en la extensa lista de activistas y campesinos
muertos en los últimos tres años en el contexto del conflicto agrario que
masacra el valle del Aguán. No hay consenso sobre el número, pero se estima que
por lo menos 60 personas han sido asesinadas por luchar por el derecho a la
vida y a la tierra en la región.
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