CHILE: LOS MAPUCHE DENUNCIAN VIOLENCIA COLONIAL

(AW) El Estado chileno continúa con el legado de la dictadura: la represión ya carga con el asesinato de varios mapuche y la Justicia se ha encargado de hacer el resto, encarcelando a los dirigentes de ese pueblo.

Documento Político: La violencia colonial en Wallmapu
Lunes 09 de noviembre de 2009
Los cuatro años de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se terminan con el Wallmapu en una espiral de violencia colonial que golpea de lleno a nuestro pueblo. La muerte de nuestros jóvenes, cobardemente asesinados por Carabineros de Chile; los traumatismos de nuestros niños, algunos de ellos incluso tiroteados con perdigones; las brutalidades contra nuestros ancianos, nuestros longko y machi, golpeados y humillados en los continuos allanamientos de nuestras comunidades por parte de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), son la respuesta del Gobierno a las históricas reivindicaciones de nuestro pueblo.
Frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras que legítimamente son nuestras, el Estado chileno ha optado por la represión, militarizando una vasta zona del País Mapuche. La estrategia es la intimidación, doblegar la voluntad, paralizar por miedo. La táctica son los allanamientos violentos contra las comunidades y hogares estudiantiles: se trata, en estos cuatro años, de cientos de allanamientos; algunas comunidades, como Temukuykuy, victimas de un estado de sitio permanente. El método es el ataque con tropas de choque, que equipadas con armas de guerra irrumpen brutalmente y en medio de insultos racistas golpean a las personas y destruyen sus casas. El costo humano para nuestro pueblo son cientos de heridos, muchos a bala o perdigón, algunos con secuelas físicas graves de por vida, y cientos de detenidos entre hombres, mujeres, niños y ancianos, todos maltratados y fichados como delincuentes.
Estamos aquí ante operaciones punitivas colectivas –pues la acción represiva no está dirigida contra una persona en particular sino contra la población de la reducción o los estudiantes del hogar en su conjunto– que se inscriben en una estrategia de intimidación dirigida contra todo el pueblo mapuche. Operaciones de este tipo fueron practicadas por la Dictadura, cuando tropas del Ejército tomaban por asalto poblaciones enteras como fue el caso de La Pincoya o La Victoria. El método de la punición colectiva es empleado hoy por el régimen chino contra tibetanos y uigures, por Turquía contra los kurdos o por Israel contra los palestinos; en el pasado lo usó la Francia colonial en Argelia e Inglaterra en Irlanda, también el Estado español contra los vascos y, desde luego, Chile y Argentina durante la «Pacificación de la Araucanía» y la «Campaña del Desierto», respectivamente. A lo largo de la historia ha sido siempre parte del arsenal represivo de los regímenes coloniales o de opresión nacional.
Carabineros es en Wallmapu una fuerza de ocupación y se comporta como tal; a ninguna categoría de la población chilena da el Estado el trato reservado a los mapuche. Las imágenes filmadas por Canal 13 el pasado 16 de octubre, que muestran cómo elementos del GOPE agreden salvajemente en la comisaría de Ercilla a nuestro peñi Carlos Kurinaw, hijo del longko de la comunidad Wañako Millaw, permiten hacerse una idea del comportamiento de esta tropa cuando opera al interior de las comunidades, lejos además de las cámaras de la televisión y los profesionales de la prensa. La violencia es también el hostigamiento policial, que en un contexto colonial es siempre racista. Una ilustración es la detención abusiva, el 3 de abril de 2008, de nuestro peñi Waykilaf Kadin cuando salía de la Intendencia Regional, filmada por un equipo de Canal 2 de Temuko presente en el lugar. La prepotencia policial fue tal que provocó la indignación del público presente, así como los comentarios escandalizados de un periodista del canal que cubría el hecho. Aquí la derecha no habla de vejámenes ni abusos policiales, por el contrario, guarda hipócrito silencio.
De la misma impunidad benefician los jefes policiales responsables del montaje destinado a encubrir el asesinato del peñi Jaime Mendoza Kollio. Quedó demostrado que las fuerzas represivas fabricaron pruebas y mintieron; más allá de un discreto y expedito traslado –en la misma función– a Magallanes del entonces Jefe de la IX Zona de Carabineros, Cristian Llévenes, ¿cuáles son las sanciones que el Gobierno prevé aplicar ante hechos de tal gravedad, comunes durante la pasada dictadura pero inaceptables en una democracia? ¿Qué garantía puede haber así de que se haga justicia y se castigue a los responsables de los asesinatos de Alex Lemun y Matías Katrileo, cuando sus casos radican en la justicia militar? En un verdadero Estado de derecho democrático los crímenes de militares contra civiles son competencia de la justicia penal ordinaria. No es el caso en un país como Chile, con una Constitución heredada de la dictadura y con poderes fácticos que han secuestrado por décadas la soberanía popular.
La represión policial va acompañada, lógicamente, de la represión judicial. E incluso del ensañamiento judicial, cuando se trata de dar satisfacción a los poderosos: la condena el 2003 a cinco años de cárcel por «amenaza terrorista» de los longko Pascual Pichun y Aniceto Norin, ilustra bien la parcialidad de la justicia. Reclamada por Agustín Figueroa, latifundista en Wallmapu, miembro de la Corte Suprema y ex ministro del Presidente Patricio Aylwin, la condena la consiguió en un segundo juicio, luego que un primer juicio absolviera a los longko. Se trata de juicios políticos, dirigidos contra militantes a quienes se les aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. El uso de una legislación de excepción por parte del Estado es criticado no sólo en Chile sino también por importantes organismos internacionales de Derechos Humanos. Ya en 2003 el informe elaborado por el Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instaba al Gobierno a renunciar a su utilización por ser desproporcionada. En 2009, el nuevo Relator Especial James Anaya, en un segundo informe sobre la situación vuelve a insistir en el mismo sentido.
El responsable político de la represión contra nuestro pueblo es naturalmente el Gobierno de Chile, que no ha estado a la altura del conflicto en Wallmapu. Más aun, que no quiere ver su naturaleza política ni sus raíces históricas, criminalizando las movilizaciones y encarcelando nuestros hermanos. En vez de examinar el problema en toda su magnitud y complejidad y abordar las causas de fondo y buscarle solución, el Gobierno se ha comportado como simple sirviente de la CORMA, la SOFO y los latifundistas. Ha invertido cientos de miles de dólares para la protección de latifundistas y plantaciones forestales; otros cientos de miles son invertidos para el equipamiento de las fuerzas represivas utilizadas contra los mapuche. Todo un despliegue de medios y recursos por parte del Estado para resguardar los privilegios de los poderosos y reprimir a nuestra gente de las reducciones.


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