La pandemia desnuda uno de los pilares que sostiene la sociedad capitalista: la desigualdad
La crisis actual rebasa las fronteras y las responsabilidades nacionales, lo que no borra ni justifica las carencias y fallas pre-existentes. Al contrario, esta pandemia confirma el efecto devastador de los recortes al sector salud y del desmantelamiento, por fortuna, parcial, del sistema de seguridad social, y de las asociaciones estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, en aras de la centralización gubernamental de los recursos.
La emergencia ha desnudado también la limitación de las encargadas de las políticas de igualdad, que en vez de propuestas claras, nos ofrecieron la semana pasada un curso básico en desigualdad de género y un discurso “maternalista” trasnochado.
Que todavía no se haya liberado el presupuesto para refugios cuando las propias funcionarias reconocen el riesgo que corren las mujeres bajo confinamiento, no es más que el resultado de la subordinación de las políticas sectoriales a la línea presidencial.
Que todavía no se cuente con un paquete de medidas económicas para garantizar un ingreso básico y alimentación a los millones de familias que viven al día, en la marginación o en la miseria, muestra un desapego de la realidad por parte del Ejecutivo y de su gabinete y una falta de miras de actores económicos que podrían incidir en las políticas públicas, en busca de un futuro sustentable (y mejor) para todos.
En este difícil entorno, el reconocimiento de la emergencia sanitaria y el despliegue de actividad del personal especializado del sector salud, que deberán complementarse con disposiciones legales y medidas económicas a la altura de la situación, constituyen un primer paso indispensable para enfrentar la tormenta. Otro paso necesario será la toma de conciencia del sector privado y de la sociedad –en particular de quienes tienen más recursos y opciones – de su co-responsabilidad en este trance.
Si salir a pasear cuando se puede y se debe permanecer en casa, es irresponsable, descalificar las medidas para “achatar la curva”, violar los derechos laborales obligando a la gente a trabajar o dejando sin sueldo las trabajadoras del hogar, encarecer productos cuyo precio no depende del dólar, acaparar alimentos o medicinas es atentar contra el bien común, una conducta criminal, por lo menos en sentido simbólico.
La desigualdades y fallas no pueden contrarrestarse con exaltaciones de la familia como “pilar social” ni con el elogio de “empresarios solidarios”. Se requiere de un discurso de Estado que apele a la unidad social, respaldado con acciones legales y medidas económicas concretas para proteger el empleo, evitar la pauperización general, castigar la manipulación de precios y los saqueos programados que siembran inseguridad; y prevenir la violencia en casa y la que puede surgir en las calles si no se garantiza la subsistencia de la población precarizada. Todo ello con pleno apego al respeto a los Derechos Humanos y la democracia, como han subrayado Naciones Unidas y ONG diversas.
Se requiere sobre todo de una ciudadanía comprometida con la convivencia democrática, la libertad y el respeto a los demás, que rechace las noticias falsas, las falsas soluciones autoritarias y el imperio del miedo. Más allá de las fallas y aciertos del gobierno, de la insidia o avaricia de sectores particulares, nos corresponde a la sociedad hacernos cargo de nuestros actos y de nuestro impacto en este mundo.
Ojalá, pese a la adversidad, encontremos tiempo para reflexionar, idear nuevas formas de convivencia y exigencia, para re-construirnos con más solidaridad, igualdad y libertad.
