(servindi.org).- .- El martes 21 de enero se tiene previsto
-en horas de la tarde- continuar con la audiencia a los 10 dirigentes
acusados, tras las protestas por la contaminación ambiental del río
Yahuarmayo por la empresa minera Anabi, que ocurrieron en el 2011.
La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado Penal Colegiado
Supranacional B de Cusco, presidida por la jueza Yépez Provincia, donde
se continuará con la visualización de material audiovisual que presentó
el Ministerio Público en contra de los dirigentes acusados, y además se
podría dar inicio a los alegatos finales de la defensa.
Los delitos que se le imputan a los 10 dirigentes sociales, nueve de
ellos varones y una mujer van desde secuestro; robo agravado, daño
agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre
otros.
Sin embargo, según el abogado Ramiro Llatas de Derechos Humanos Sin
Fronteras, declaró a Wayka que al parecer los dirigentes podrían ser
sentenciados por los delitos de daño agravado y secuestro. Este último
delito que tiene un mínimo de 20 y un máximo de 30 años.
El abogado también mencionó que la sala podría agilizar la sentencia y
emitir su lectura antes de finalizar el mes de enero. Lo que sería
grave, ya que la defensa legal de los dirigentes estaría en riesgo.
Por su parte, la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel, a pesar de que
no existe evidencia de la participación de los dirigentes en las
protestas, como señala una publicación de Red Muqui; además el único «elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales o autoridades».
Conflicto social
En el 2011, las comunidades campesinas del distrito de Llusco en la
provincia de Chumbivilcas denunciaron la contaminación de la empresa
minera Anabi y se movilizaron para exigir al Gobierno que atienda sus
reclamos. En el 2012, frente a las protestas, el Gobierno instaló una
mesa de diálogo con acuerdos que nunca llegaron a concretarse.
Esto generó la indignación de los ciudadanos y ciudadanas de
Chumbivilcas y las protestas volvieron a retomarse. En este contexto de
conflicto, la empresa minera Anabi denunció que el 5 de febrero de 2012,
ingresaron al campamento minero para incendiarlo.
A raíz de las protestas, la empresa extractivista inició un proceso penal
contra diversos líderes sociales de Chumbivilcas. Los defensores
imputados son: Jaime Mantilla Chancuaña, Julian Alejo Ataucuri,,
Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Atucuri Chavez, Samuel Acero
Hurtado, Urbano Cjulca Caceres, Esteban Alvis Cahuana, Wilber Garcia
Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.
Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com