Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2018.-
La líder de la organización comunitaria, Berta Cáceres, fue asesinada durante la lucha contra la hidroeléctrica Agua Zarca.
En junio de 2017 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) denunció las “amenazas constantes”
–incluso con la presencia de individuos armados- a la comunidad indígena
Lenca de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, al oeste del país.
Fundado en 1993, el COPINH se define como una organización indigenista,
antiimperialista y antipatriarcal. Las intimidaciones a miembros de la
coordinadora se produjeron mientras éstos laboraban en las vegas del
Achiotal y el Culatón, en el área donde la empresa Desarrollos
Energéticos SA (DESA) pretendía implantar la hidroeléctrica Agua Zarca,
con una capacidad de generación energética de 21,7 megavatios. Uno de
los sujetos armados amenazó con asesinar a los hijos de Francisco Javier
Sánchez, integrante del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH.
Sánchez ha participado en un acto público organizado por la ONG
Perifèries en Valencia. Los días 24 y 25 de mayo de 2014 el líder Lenca
también fue objeto de agresiones verbales, durante las detenciones
policiales y torturas que siguieron al asesinato en Río Blanco de
William Jacobo Rodríguez, activista contra el proyecto Agua Zarca.
Se cumplían entonces tres meses de la llegada al poder del actual
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y
las organizaciones populares le responsabilizaban de las políticas
represivas del Estado. En mayo de 2014 el COPINH informó de la muerte de
otro de sus militantes, Irene Meza, a causa de los disparos de bala al
finalizar una asamblea indígena en el municipio deSan Francisco de
Opalaca (Intibucá); las comunidades señalaron como autores del crimen a
empleados de la alcaldía, del Partido Nacional. Francisco Javier Sánchez
también denunció amenazas en el verano de 2016, tras un viaje por
Europa con Rosalina Domínguez, otra de las líderes del Consejo Indígena
de Río Blanco; a las pocas semanas de la gira, cuatro encapuchados
preguntaron por ellos a la medianoche en la comunidad de Río Blanco.
El motivo de la visita a Europa era denunciar la participación en el
proyecto Agua Zarca –en calidad de prestamistas y financiadores- del
Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para la
Cooperación Industrial (FinnFund). Otro cofinanciadorera el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución regida por
los ministros de Economía de los 13 países miembro. Entre las empresas
denunciadas también figura la alemana VoithHydro, participada por la
multinacional Siemens, que operaba mediante contratos para el suministro
de turbinas.
Es la historia de una larga lucha contra la hidroeléctrica. Se
sucedieron las acciones por la defensa del territorio, como la
manifestación de julio de 2014 en Tegucigalpa, en la que participaron
300 activistas del COPINH; o la de rechazo a la hidroeléctrica de DESA
frente a la alcaldía de San Francisco de Ojuera, en noviembre de 2015.
El 1 de abril de 2013 comunidades de los departamentos de Intibucá y
Santa Bárbara tomaron la carretera de acceso al sector de Río Blanco,
para impedir el acceso de las máquinas. Pidieron la retirada del
proyecto Agua Zarca, por razones como el impacto sobre el río
Gualcarque, sagrado para la población lenca; y subrayaron el
incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas,
ratificado por Honduras en 1995, que establece el deber de consulta en
las decisiones que afecten (a las poblaciones) “mediante procedimientos
apropiados” y “a través de sus instituciones representativas”.
Durante la “toma”, el COPINH pidió apoyo internacional y en el resto
del país, ya que delegados de las empresas accedieron a la vía ocupada,
acompañados por la policía, y amenazaron a miembros de las comunidades.
“Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados y
sicarios”, informó la activista Berta Cáceres en una entrevista a la
BBC. Según el consejo de organizaciones indígenas, los empleados de las
sociedades mercantiles destruyeron cultivos tradicionales y cercaron las
fuentes de agua.
¿De qué empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la
sociedad titular y promotora de la hidroeléctrica Agua Zarca, prevista
muy cerca de la comunidad de San Francisco de Ojuera (Santa Bárbara). El
informe “Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta
Cáceres”, publicado en febrero de 2017 por las ONG Oxfam, Land Rights
Now y Defensoras de la Madre Tierra, detalla que en junio de 2010 DESA
nombró desarrollador/gerente al ingeniero y subteniente de Inteligencia
Militar, Roberto David Castillo Mejía, quien anteriormente había
ejercido como Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE).
El Tribunal Superior de Cuentas investigó en 2009 al militar por
cobrar un salario de las fuerzas armadas mientras laboraba en la ENEE; y
por la venta al ejército –a través de su empresa y a precio
sobrevalorado- de material de oficina. El pasado dos de marzo la
Fiscalía ordenó la detención de Castillo Mejía, expresidente ejecutivo
de DESA, por –según las investigaciones de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal- ser la persona “encargada de proporcionar la
logística y otros recursos a uno de los autores materiales del
asesinato” de Berta Cáceres. En un comunicado que siguió a la detención,
el COPIN denunció que Castillo es “sólo una pieza de la estructura
criminal y asesina”. En cuanto a las obras de Agua Zarca, corrieron a
cargo de la multinacional china de ingeniería y construcción Sinohydro,
que a finales de 2013 decidió su retirada del proyecto. Esta empresa
desarrolla actualmente en Honduras las obras de la hidroeléctrica Patuca
III, en el departamento de Olancho, que contará con una capacidad
instalada de 104 megavatios.
A los doce días de resistencia popular y bloqueo de las carreteras en
abril de 2013, siete patrullas policiales procedieron al desalojo de
los comunitarios, a lo que siguió una “retoma” pacífica. Continuaba la
lucha. Y la represión. Pasados tres meses, un suboficial del ejército de
Honduras asesinó a Tomás García, integrante del Consejo Indígena y
Auxiliar de la comunidad Lenca de Río Blanco y miembro del COPINH; dos
años después fue condenado por el homicidio. El hijo del líder
comunitario, Allan García, también resultó herido de bala. El historial
de hostigamientos y ataques es extenso. En marzo de 2016 varios
pistoleros asesinaron a otro dirigente del COPINH, Nelson García, tras
un desalojo efectuado por la Policía Militar en el municipio de Río
Lindo (Cortés). En octubre de 2016 fue tiroteada la camioneta en la que
se desplazaba el coordinador general del COPINH, Tomás Gómez. Unos meses
después, tres activistas de la organización comunitaria –entre ellos la
hija de Berta Cáceres, Bertha Zúñiga- denunciaron dos ataques e
intentos de asesinato.
El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto
Agua Zarca –FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos
Energéticos SA (DESA) por el que finalizaban su “relación contractual”.
Las dos sociedades dejaron de apoyar la construcción de la
hidroeléctrica para –según afirmaron en un comunicado- “reducir las
tensiones locales e internacionales en el área”. Pese a la retirada,
“FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y
violaciones de derechos humanos resultado del proyecto”, subrayaron
portavoces del COPINH. También el 6 de julio DESA anunció que suspendía
la ejecución de la infraestructura “durante el diálogo” con las
comunidades, y “como gesto de buena voluntad”. Por otra parte, en
octubre de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “inadmisible”
el recurso de inconstitucionalidad –interpuesto por el COPINH- contra
dos Decretos aprobados por el Congreso Nacional en 2011 que impulsaban
la hidroeléctrica. La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER),
que reúne a empresarios del sector, celebró la resolución judicial como
señal de “estabilidad jurídica para favorecer el clima de inversiones”.
La denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica además a la
clase política. El exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Darío Roberto Cardona
Valle, fue detenido en octubre de 2016, ingresó en prisión preventiva y
será juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusación
contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliación irregular, en
2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificación
implicaba un incremento en la capacidad de generación de la
hidroeléctrica –de 14,4 a 21,7 megavatios- y el traslado de las obras de
infraestructura, de Intibucá a San Francisco de Ojuera. Según la
fiscalía, el procedimiento violó el Convenio 167 de la OIT, que obliga a
una consulta libre, previa e informada a la población indígena afectada
por los proyectos. Otro exviceministro de la SERNA, Jonathan Laínez, se
enfrenta a un proceso penal por la concesión de la licencia ambiental
en 2011 a la hidroeléctrica; asimismo, la Fiscalía Especial de Etnias y
Patrimonio Cultural pidió -en noviembre de 2016- el enjuiciamiento del
exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, por una presunta
concesión irregular de los permisos municipales.
Sin embargo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH), que en julio de 2017 anunció una investigación
sobre el caso Agua Zarca, afirma que irá más allá en las pesquisas. Esta
delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende
aclarar las responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cuéllar,
actualmente Fiscal Adjunto de la República y funcionario al frente de la
SERNA cuando se otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo
indagar, en colaboración con la Fiscalía Especial de Etnias, acerca de
posibles actos de corrupción, fraude y lavado de dinero en las
concesiones y financiación de DESA.
La MACCIH advierte que la empresa titular de Agua Zarca firmó con la
Administración los contratos para la generación, transmisión y
comercialización de energía eléctrica; y por otra parte de suministro de
potencia y energía eléctrica, antes incluso de obtener la licencia
ambiental en marzo de 2011. Asimismo, según el informe “Situación de los
pueblos indígenas en Honduras” (julio de 2016) de la Relatora Especial
de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, en 2011 DESA empezó a comprar
tierras en Río Blanco “supuestamente de propiedad privada y municipal
para la construcción de la represa; sin embargo, las tierras eran parte
del territorio ancestral de las comunidades lenca”.
El COPINH convocó los días dos y tres de marzo de 2018 una jornada de
lucha y resistencia en el país y a escala global (frente a las
embajadas de Honduras) por la memoria de la líder ambientalista y
opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres, asesinada en la
madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su
domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se hallaba también el
activista mexicano Gustavo Castro Soto, que resultó herido de bala y es
el único testigo de los hechos. La convocatoria denuncia que el Estado
de Honduras capturó a los autores “materiales” e “intermedios” del
crimen, pero no a aquellos sobre quienes recae la autoría intelectual:
empresarios y funcionarios estatales. En el municipio de La Esperanza,
donde hace más de dos décadas se fundó el COPIN, la organización
comunitaria ha convocado entre el 22 y el 24 de marzo el Encuentro “25
años por la Vida y la Justicia”.
Por la muerte de Berta Cáceres se encuentran en prisión preventiva y
acusados de asesinato (o en grado de tentativa) el exgerente del área
social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez Orellana; el exjefe de
seguridad de DESA y teniente retirado, Douglas Bustillo; el exmayor de
las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden
Público, Mariano Díaz Chávez; los presuntos sicarios Elvin Rápalo,
Emerson Duarte Meza y el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el
supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, Óscar Torres
Velásquez; y el exmilitar hondureño Henry Hernández Rodríguez. Además en
noviembre de 2017 fueron detenidos un policía y un exagente policial, a
quienes la Fiscalía acusa de presentar pruebas falsas “con el fin de
desviar la atención en las investigaciones”.
Pero con independencia de las imputaciones, el proceso está rodeado
de circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente
con la investigación judicial del homicidio de Berta Cáceres, después
que dos individuos asaltaran el automóvil de la magistrada de la Corte
de Apelaciones donde se hallaba la documentación. En el segundo
aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones populares y
la familia se concentraron en las puertas del Ministerio Público
(fiscalía) en Tegucigalpa, donde reclamaron la captura y acusación de
los autores intelectuales del crimen; el COPIMH denunció que el
Ministerio Público trata de “ocultar por todos los medios la verdad en
el caso”. Los activistas también pidieron al Fiscal General un informe
sobre los proyectos hidroeléctricos emplazados en los departamentos de
Lempira, La Paz, Intibucá y Santa Bárbara.
En noviembre de 2017 vio la luz un informe –“Represa de violencia. El
plan que asesinó a Berta Cáceres”- del Grupo Asesor de Expertos
Internacionales (GAIPE), formado a instancias de la familia de la líder
ambientalista y el COPINH. Para la elaboración del documento, los
investigadores tuvieron acceso a información los registros telefónicos,
extracciones de aparatos electrónicos y tarjetas SIM, pruebas en las que
se basan las acusaciones de la fiscalía contra los ocho procesados. El
grupo de expertos concluye que la Secretaría de Seguridad del Gobierno
de Honduras destinó protección a las instalaciones del proyecto Agua
Zarca, “influida por las relaciones con socios y personal directivo de
DESA”. A partir del análisis de la información, los expertos agregan que
el Gobierno “omitió proteger a Berta Cáceres, pese a que conocía el
grave e inminente riesgo sobre su vida”. Otra de las conclusiones es la
participación de directivos, empleados y guardias privados de la
empresa, así como de efectivos de las fuerzas de seguridad y otras
“estructuras paralelas” en actos delictivos perpetrados antes, durante y
con posterioridad al asesinato de Berta Cáceres.
El informe “Honduras. El lugar más peligroso para defender el
planeta” de la ONG Global Witness destaca que entre 2009, año del golpe
de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, y enero de 2017
fueron asesinados 123 activistas por la defensa del territorio en
Honduras. En cuanto a la hidroeléctrica Agua Zarca y DESA, la
investigación apunta algunos vínculos con altas instancias de poder. Por
ejemplo, en la documentación de DESA figura como secretario Roberto
Pacheco Reyes, quien fue ministro de Gobernación y Justicia en el
Gobierno de Honduras; y como vicepresidente de la sociedad mercantil,
Jacobo Nicolás Atala, presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic
Honduras y miembro de una de las grandes familias de la oligarquía, los
Atala. Además, 18 defensores de derechos humanos, líderes comunitarios,
sindicalistas y periodistas beneficiarios de medidas cautelares fueron
asesinados entre 2009 y 2016, según el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos pide a los estados la adopción de estas medidas en
situaciones de riesgo para personas o colectivos. Una de las asesinadas
fue Berta Isabel Cáceres.
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