El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió por unanimidad declarar que “carece de efectos jurídicos para el presente caso la Resolución Suprema emitida el pasado 24 de diciembre de 2017 que concede, entre otros, el Derecho de Gracia por Razones Humanitarias al procesado Alberto Fujimori”.
El ex dictador está acusado de ser autor mediato de homicidio calificado mediante asociación ilícita en el caso de los seis campesinos asesinados por el Grupo Colina en Pativilca hace 26 años.
La sala judicial apoyó su decisión en una resolución del fiscal superior penal Luis Landa Burgos, quien sostuvo que el indulto presidencial fue concebido cuando “la etapa de instrucción ya había concluido, e inclusive, la Fiscalía Superior ya había emitido acusación y estaba próximo al señalamiento de la audiencia de control de acusación”. Según el fiscal esto significa que “la gracia presidencial se habría otorgado fuera del marco constitucional, establecido en una etapa que no corresponde”, por lo que consideró que el indulto no tiene validez para este caso. En esa resolución, Landa Burgos pidió 25 años de prisión efectiva para Fujimori.
La responsabilidad de Fujimori en el caso fue señalada por uno de los participantes confesos de los crímenes de Pativilca, miembro del Ejército peruano. Según esa y otras fuentes, el Grupo Colina dependía de Fujimori y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
La novedad es que la justicia peruana actuó en este caso desconociendo el indulto presidencial otorgado por Kuczynski y, si bien el ex dictador puede todavía solicitar la apelación del fallo, también podrían pedir su regreso a prisión.
