Alcides Ramírez, Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería y Luis Olmedo |
La huelga de hambre de los presos de Curuguaty
(ElCiudadano.cl). Por más de un mes y medio, la huelga de hambre de los presos políticos de Curuguaty, estuvo silenciada, oculta, negada y ninguneada por la prensa comercial masiva del Paraguay.
Recién el lunes 19 de noviembre, la entrega pública de un informe
médico realizado por dos médicos solidarios, ayudó a romper el bloqueo
mediático que el gobierno de facto había consensuado con la prensa
comercial. Los medios recogieron el dato de la gravedad del estado de
los huelguistas y pusieron en jaque la estrategia del Gobierno de
“invisibilizar” la huelga y la demanda de libertad y justicia que hacen
los presos.
La masacre de Curuguaty
es el modo en que intenta resolverse el problema de la tierra en
Paraguay, donde el latifundismo monocultivador -basado en plantaciones
de transgénicos- intenta imponerse frente a un campesinado pobre en
lucha por la tierra, la que fraudulenta y mafiosamente ha caído en manos
de grandes empresarios agrícolas que expulsan a los campesinos en
connivencia con el aparato policial, judicial y parlamentario. Las
tierras de Marina Cue, que los carperos -este
nuevo movimiento de sintierras-, habían ocupado, son sólo dos mil
hectáreas de un total de 7.851.295 hàs que de acuerdo a la Comisión de Verdad y Justicia
han sido entregadas a empresarios agrícolas con claras faltas a la
legislación agraria paraguaya. Esas más de siete millones de hectáreas
constituyen lo que se conoce como “tierras malhabidas”.
La inclaudicabilidad con la cual los 12
presos sostuvieron la premisa de su libertad e inocencia, los datos
irrefutables que entregó la investigación realizada por la defensa y el
apoyo que obtuvo la huelga de hambre, colocó al gobierno golpista de
facto en una situación compleja. En las ciudades de Asunción,
Coronel Oviedo y Curuguaty marchas, manifestaciones y acampadas se
sucedieron sin descanso para presionar por la libertad de los 12
campesinos presos. Estas manifestaciones, en especial la Vigilia Social Permanente que se había instalado en la ciudad de Asunción, con una acampada ocupando la calle frente al edificio del Ministerio Público,
concitaron el apoyo ciudadano ante el cual el gobierno golpista
reaccionó con una brutal represión la madrugada del jueves 22 de
noviembre, en Asunción y Curuguaty. La represión quiso reinstalar el
miedo que había tras la matanza de Curuguaty y el golpe de Estado
parlamentario.
Esa misma madrugada, intentando
descomprimir la situación y controlar más estrictamente a
los huelguistas, el Gobierno trasladó a los presos en huelga de hambre
desde el hospital de Coronel Oviedo hasta uno de alta complejidad en la
ciudad de Itagua, cercana a Asunción. La defensa de los
presos había presentado muchas acciones jurídicas para revertir la
prisión y presión a la que los 12 están sometidos. Ninguna de esas
acciones había sido aceptada, pero días previos al 23, el fiscal a cargo
de la investigación, Jalil Rachid, había dado a
entender que podría dar prisión alternativa a los huelguistas, en una
clara muestra de los efectos de la movilización social.
El 23 de noviembre, a mediodía, el juez
dictó la prisión domiciliaria para los huelguistas. La noticia si bien
les emocionó y alegró, no les hizo perder el objetivo y esperaron hasta
que uno de los abogados de la defensa les comunicara oficialmente la
noticia para tomar la decisión de levantar o no la huelga de hambre.
Esta decisión la tomaron recién a las seis de la tarde de ese día,
levantando la huelga de hambre para seguir la lucha por la liberación
por otros medios.
Hasta hoy, siguen internados los cuatro huelguistas. Están acompañados por la ‘Articulación x Curuguaty’,
el conglomerado de organizaciones, redes e individualidades que luchan
por la libertad de los presos. En el hospital de Itagua, los presos
volvieron a estar juntos. Eso les animó, tanto como el acompañamiento
que reciben por parte de médicos, abogados, sicólogos y gente solidaria
con ellos y sus familias. Allí la situación no es ajena a la represión,
que toma formas particulares: insistentes llamados a que abandonaran la
huelga por parte de funcionarios, policías, directivos, auxiliares;
vigilancia excesiva todo el tiempo, restricciones a las visitas de la
familia y, en contraste, ninguna restricción para el paseo de policías a
cualquier hora interrumpiendo el descanso de los compas; el aire
acondicionado puesto muy frío les hace gastar las pocas energías que
tienen en entibiar el cuerpo; la policía pone dificultades a las visitas
de médicos externos; les sacaban sangre seguido para exámenes,
debilitándoles más. A los familiares la policía les
controla permanentemente.
El gobierno golpista intentó deshacerse
de la responsabilidad si es que moría alguno de los huelguistas,
vinculando a organismos internacionales como la Cruz Roja
en el intento de alimentar forzosamente a los huelguistas, acallando o
descalificando las voces que exigían un gesto humanitario de su parte
para resolver la crisis. Finalmente, de manera burda, el Gobierno
intentó presentar la resolución judicial solicitada por la defensa como
un “gesto humanitario”.
El escenario sigue siendo complejo,
tanto por la situación de salud de los cuatro, como por el escenario
político donde el gobierno golpista volvió a usar la represión policial
para frenar el apoyo popular a la libertad de los presos y, sobre todo, a
la investigación imparcial de los sucesos de Curuguaty, respecto a los
cuales el convencimiento popular es que las cosas no son como
las explica la Fiscalía, por ello se instaló socialmente la pregunta
¿Qué pasó en Curuguaty?
Por Pelao Carvallo
(desde Asunción)