(Adital).- Cerca de 80 familias vieron sus casas
demolidas en la mañana de hoy (18), en la comunidad Nueva Estiva, en el barrio
Serviluz, en Fortaleza (Ceará). La acción de desalojo fue efectuada por el Batallón
de Choque de la Policía Militar. Tanto habitantes como abogados que están al
frente de la ocupación alegan que el desalojo fue ilegal, ya que el terreno
está sin ninguna función social desde hace 40 años. Otra decisión llegó fue
emitida para anular el desalojo, pero la acción ya había ocurrido.
Hoy por la mañana, hubo una audiencia en el
Ministerio Público (MP) con la Comisión de la Comunidad de Nueva Estiva para
resolver la cuestión, pero con pocos resultados. Recién después de que las
casas estuvieran destruidas, el Gobierno Municipal de Fortaleza acordó expropiar
el terreno.
De acuerdo con Patricia Oliveira, abogada de la
Oficina Frei Tito de Derechos Humanos, los/las habitantes tienen derecho a ser
resarcidos/as por los daños sufridos. "Las familias tenían casas de albañilería.
El Tribunal de Justicia revocó la medida cautelar y declaró que las familias tenían
derecho a la posesión del terreno. Por lo tanto, ya que residían en el lugar de
buena fe, tienen derecho a la indemnización por gastos de sus viviendas”,
explicó la abogada.
"La Alcaldía nos hablaba de buscar a la
Defensoría Pública y viceversa. Nosotros siempre tememos esa situación, de no
poder evitar el desalojo, por eso buscamos a la Defensoría para pedir una
Mediación en el Conflicto. El Defensor prometió que llamaría para avisar si
hubiera alguna Acción de Desalojo, pero no cumplió la promesa”, lamentó
Rosilene.
Según la habitante de la comunidad Raíces da
Praia, en el lugar hay escombros y destrucción por todas partes. "Lo que yo vi
hoy fue una gran calamidad. Familias que vivieron en ese lugar por tanto tiempo
perdieron sus cosas y están lanzadas en la calle”.
Desde mediados de agosto de
este año, la comunidad Nueva Estiva está en situación de conflicto por la
tierra ante los intentos de desalojo perpetrados por la parte que reivindica la
propiedad del inmueble. Las 80 (ochenta) familias que residen en el lugar
denunciaron la acción ilegal de miembros de seguridad privada clandestinos, que
estarían actuando en nombre del supuesto propietario. Entre ellos, varios se
habrían identificado como policías civiles.
