La decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC) fue publicada en el Diario Oficial
de la Unión (DOU) el 31 de diciembre de 2018, un día antes de Michel
Temer entregar la banda presidencial a Jair Bolsonaro.
El representante nacional de la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias (AMARC) en Brasil, Pedro Martins, afirma que la
decisión “claramente configura una persecución, una mirada distinta para
ese sector que representa la voz de las comunidades, las voces
populares en la comunicación del país”.
Él destaca también que se tomó la medida sin realizar
ningún debate con la sociedad y que el ministerio no aclaró los motivos
que llevaron a la decisión. El único indicativo es una declaración
pública de Fernando Henrique Chagas, presidente de la Asociación
Brasileña de Radio y TV de Bahia (Abart) criticando el financiamiento de
las radios comunitarias.
En una nota divulgada el último viernes (4), la Asociación
Brasileña de Radios Comunitarias (Abraço) cuestionó el trato del
gobierno a las emisoras comunitarias, considerado muy diferente del
trato a las emisoras comerciales. También señaló que las entidades de
radiodifusión comunitaria enfrentan muchas dificultades, empezando por
la falta de recursos.
Las restricciones señaladas por la entidad se refieren a la ley 9.612 de 1995, que reglamenta el Servicio de Radiodifusión Comunitaria en el país.
Según las entidades, esta norma, promulgada por el entonces presidente
Fernando Henrique Cardoso, limitó y criminalizó las radios comunitarias,
restringiendo su funcionamiento.
Edición: Pedro Ribeiro Nogueira | Traducción: Luiza Mançano