(Mapuexpress).- Luego de tantas confianzas rotas,
el diálogo a secas no basta. Como mapuche hay claridad en los puntos que
deben ser puestos en la mesa, analizados, reflexionados y debatidos, en
un contexto de derechos humanos, tratados, luchas y reivindicaciones
históricas
Por: Sandra Salamanca Ríos, Presidenta de
Corporación Mujeres; Doctoranda en Estudios Sociales Latinoamericanos
Universidad Nacional de Córdova, Argentina
El miércoles 14 de noviembre de 2018,
Camilo Catrillanca Marín de 24 años, hijo del lonco Marcelo Catrillanca,
nieto del lonco Juan Catrillanca, dirigente y líder de la Comunidad de
Temucuicui, fue asesinado con un certero disparo en la cabeza, dado por
la espalda. Regresaba a su casa en el tractor comunitario, junto a un
adolescente de 15 años que le vio morir y que fue torturado
posteriormente por quienes acompañaban esa tarde al asesino. Camilo
dejaba entonces una compañera, una hija de seis años, una guagua por
nacer y una historia de lucha política mapuche.
Seguir la trama colonial que ha articulado
el Estado chileno posteriormente al asesinato, con mínimo
cuestionamiento por parte de los medios de comunicación masivos, pasa
por la desinformación, la manipulación y por la negación de la
responsabilidad estatal frente al actuar de unidades militarizadas,
especializadas contra acciones terroristas, quienes amparadas en un
supuesto delito común que se habría producido en el territorio,
terminaron con el asesinato de un mapuche desarmado, en un tractor,
regresando de su trabajo.
Se han individualizado responsabilidades
materiales y eludido responsabilidades institucionales políticas en la
cadena de mando, no obstante, fueron estos últimos quienes dieron la
versión oficial del Estado: el ex Intendente Luis Mayol, el general de
Carabineros Hermes Soto y hasta el Ministro del Interior Andrés
Chadwick, quienes además enjuiciaron moral y legalmente a Camilo, y en
primera instancia de manera irrestricta respaldaron el actuar
supuestamente “profesional” del “Comando Jungla”.
El pasado 8 de diciembre, el presidente
chileno Sebastián Piñera Echeñique, informó el retiro del “Comando
Jungla”, de la Región de la Araucanía, sin indicar que dichos
Carabineros serían redistribuidos igualmente en otras zonas de Wallmapu,
aumentando el número de integrantes del Grupo de Operaciones Especiales
(Gope) en las provincias de Malleco y en Arauco. Es decir, realmente no
se disminuía la presencia de Carabineros, sino que se establecía más
personal, más militarización y por tanto más violencia como respuesta al
asesinato causado por ellos mismos.
El día 11 de diciembre de 2018, por primera
vez en Chile una mujer mapuche y diputada, Emilia Nuyado Ancapichún,
interpelaba al Estado chileno a través de su Ministro del Interior,
Andrés Chadwick Piñera. Después de 132 años del término del etnocidio
chileno contra el pueblo mapuche, mal llamado “Pacificación de la
Araucanía”, ella nos representaba y pedía justicia por el asesinato del
lamgnen Camilo Catrillanca, hacía presente las muertes mapuche en
democracia, reivindicaba los derechos humanos del pueblo mapuche
ratificados por el Estado chileno a través de tratados y convenios, pero
también su acción visibilizaba el racismo presente en las instituciones
chilenas, como el comentario del diputado UDI Ignacio Urrutia.
Este asesinato remeció los pensamientos y
el corazón de gran parte del pueblo chileno. El asesinato fue brutal; la
injusticia, evidente; la rabia, junto al dolor, manifiesta. Múltiples
son aún hasta hoy las muestras de rechazo. La muerte clamó por la vida y
esta respondió con fuerza por él y los otros muertos, por la familia
Catrillanca y por todas aquellas que silenciosamente viven la opresión
del Estado. No más muertes, no más montajes, no más militarización, no
más Ley Antiterrorista, no más injusticia.
El Gobierno señaló estar en la búsqueda de
un piso mínimo para recuperar las confianzas. Sin embargo, resulta poco
creíble dicha intención, cuando la unívoca forma de actuar del Gobierno
con el pueblo mapuche, no solo fue visible en la precondena a Camilo y
el irrestricto respaldo inicial a Carabineros; sino en la existencia de
una base valórica que se oculta, aunque resulta evidente para los
oprimidos: la negación del otro como un sujeto igual en dignidad, en
civilización, en desarrollo, en derechos, racismo que ha pululado en las
instituciones del Estado incluso desde que “retornó la democracia” y
que se vio demostrado en la interpelación en el Parlamento.
Y es que luego de tantas confianzas rotas,
el diálogo a secas no basta. Como mapuche hay claridad en los puntos que
deben ser puestos en la mesa, analizados, reflexionados y debatidos, en
un contexto de derechos humanos, tratados, luchas y reivindicaciones
históricas. Sin embargo, ¿el Gobierno está dispuesto a poner en común
los conceptos que como pueblo se han solicitado?, ¿está dispuesto a
abandonar prácticas occidentalizadas de negociación “con la zanahoria y
el garrote”?, ¿está en condiciones de respetar su palabra y abandonar
prácticas coloniales?
El Estado chileno ha construido y
perpetuado una historia de maltrato, negación, racismo y por sobre todo
falta de voluntad real frente a los reclamos de todo un pueblo. La
negación histórica, junto al despojo y al empobrecimiento han mantenido
la militarización, la aculturación y la despolitización de la demanda
mapuche. Como hemos escuchado de diferentes actores políticos estas
semanas, “la violencia engendra violencia”; sin embargo, si la confianza
para el diálogo se basa en recetas unilaterales ya probadas, los
resultados son conocidos. Ante la urgencia y profundidad de la crisis,
se invita a no errar nuevamente el camino, dejando de lado la zanahoria y
sin el garrote.