Dos empresas que plantan maíz transgénico de
la Monsanto solicitaron recientemente al gobierno de Costa Rica, el permiso
para plantar 35 hectáreas con 4 variedades de semillas de maíz genéticamente
modificado, en la provincia de Guanacaste.
De acuerdo con la Red Nacional de Coordinación
en Biodiversidad y otras organizaciones que presentaron la acción judicial de
inconstitucionalidad, los artículos cuestionados trasgreden el derecho
constitucional a un ambiente sano y equilibrado, y también viola el derecho de
participación ciudadana en cuestiones de interés ambiental, ya que el caso se
trata de la liberación de organismos genéticamente modificados, lo que puede
causar daños al ambiente y a la salud de las personas y de los animales.
Ellos critican el hecho de que los permisos
para la liberación de material transgénico en el medio ambiente han sido
concedidos sin haber sido realizada una consulta previa de evaluación de
impacto ambiental, como determina el artículo 92 de la Ley de la Biodiversidad,
y sin considerar los riesgos que los transgénicos traen a la biodiversidad.
"Es un hecho irrefutable que la siembra y liberación al ambiente de
organismos genéticamente modificados puede afectar considerablemente y hasta
dañar de forma irreparable la biodiversidad, como consecuencia de la
transferencia de genes –contaminación genética- provenientes de materiales u
organismos transgénicos hacia especimenes silvestres, que hasta entonces no
habían estado en contacto con esos genes y que podrían sufrir alteraciones
imprevistas e irreversibles”, argumentan.
También consideran "abusiva y
desproporcionada” la norma que establece que ‘toda la información técnica o
científica’ sobre el consentimiento de estos permisos sea confidencial. Para ellos,
esa restricción viola el derecho fundamental que cualquier ciudadano/a tiene de
obtener información sobre asuntos de interés público y que puedan afectar al medio
ambiente común de todos y todas.
