(ADITAL).- La reducción de la edad de imputabilidad a 16 años en Brasil no es la
solución para el fin de la violencia y va contra los principios de protección a
los derechos de la niñez y del adolescente. Es lo que defienden diversas
organizaciones de derechos humanos sobre la votación de la Propuesta de
Enmienda Constitucional Nº 33, la PEC 33, que se votaría hoy en el Senado, pero
que fue pospuesta.
El asunto ha generado polémica. El argumento básico es que niños y
adolescentes han cometido delitos graves y deberían ser tratados penalmente
como adultos por eso. Pero en este caso, ¿para que serviría, entonces, el
Estatuto de la Niñez y del Adolescente? Es aquí que entran los defensores de
derechos humanos que actúan en el área. En reciente pasaje por Fortaleza
(Ceará), en un evento promovido por el Ministerio Público, la representante de
la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (Andi), Suzana Varjão, y
demás representantes del área jurídica que estaban presentes fueron claros: los
adolescentes en conflicto con la ley todavía están en formación, además de que todas
las cuestiones de vulnerabilidad social deben ser tenidas en cuenta.
En material de la Andi, el coordinador del Programa de Ciudadanía de
los Adolescentes, en Unicef Brasil, Mario Volpi, describe la iniciativa de los
parlamentarios como equivocada. Para él, "los proyectos se enfocan en el agravamiento de la pena como
si la reducción de la edad para enviar a un adolescente de 14 a 16 años al
sistema penal de adultos fuese a resolver el problema de la violencia”.
Soluciones
La solución para los adolescentes en conflicto con la ley se encuentra
en los proyectos socioeducativos como los propuestos por el Sistema Nacional de
Atención Socioeducativo, el Sinase.
"Estamos de acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de Promoción de los
Derechos de la Niñez y del Adolescente, en lo que se refiere a la naturaleza
del trabajo socioeducativo, esto es, una naturaleza transversal, intersectorial,
compleja y especializada, que involucra a diversos poderes, efectivizándose en
las tres esferas de gobierno”, escribe la Abrinq.
